No hay sanción penal

La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a admitir a trámite la ampliación de la querella de la acusación popular de I U, en el caso de los papeles de Bárcenas; esta acusación solicitó la imputación de Francisco Álvarez Cascos (ahora fuera del PP) y la de Ángel Acebes, los dos exsecretarios generales y 14 empresarios de los supuestos donantes al PP, siendo uno de ellos  Ignacio López del Hierro, esposo de la actual secretaria general del partido Popular, Mª Dolores de Cospedal.

Estos son datos publicados hoy en los medios; ¿ por qué se opone la Fiscalía a admitir a trámite la ampliación de la querella?. Si han habido irregularidades en las donaciones de las empresas al PP, se supone que, algo tendrá que decir la justicia;  según el fiscal Antonio Romeral: los delitos societarios no se aplican a los partidos políticos, y para poder cometer un delito societario debe operar permanentemente en el mercado. Vamos que, los partidos políticos pueden continuar financiándose ilegalmente con dinero "supuestamente público" y no cometen ningún delito; también el ministerio público rechaza la acusación de posible delito por falsedad de cuentas.

Es intolerable que no se vea delito alguno en todo este proceso, !!se ve venir!!; I U acusaba a  Ángel  Acebes  y Francisco Cascos de asociación ilícita, receptación y blanqueo de capitales, alteración de precios en concursos y subastas públicas, cohecho, prevaricación tráfico de influencias, encubrimiento, apropiación indebida de fondos electorales y delito contable, delitos contra la hacienda pública. A pesar de todo la Fiscalía considera que los querellantes, no describen conducta delictiva que justifique la admisión de la ampliación de la querella.

Más claro no se puede decir, en toda la retahíla de supuestos delitos descritos, ¡¡el Fiscal no ve delito alguno!!.

Una cosa es no ver y otra no querer ver; puede ser que haya una cierta contaminación sobre todo de influencias, por ejemplo: el esposo de Cospedal, Álvarez Cascos  y Acebes. ¿Sería esto suficiente para cambiar el rumbo de este proceso, y terminar en nada?, es posible, no sería la primera vez que  hemos presenciado una injusta resolución de las autoridades judiciales.

Entre 1990 y 2004 el entonces número dos del partido Popular, figura en los papeles de Bárcenas como receptor de unos 600.000 €, según el fiscal, estos pagos al entonces ministro de Fomento, siendo acreditado y no se hubieren declarado a la hacienda pública, carecen de relevancia jurídico penal. Romeral recuerda que la supuesta cuota tributaria defraudada, no alcanzaría el límite de delito fiscal.

Está clarísimo, el caso se va a cerrar muy pronto, y si acaso, todo lo más que pueden hacer es,  poner una "sanción administrativa", y no penal. Ya lo estamos viendo, con una sanción de ( X €), solucionado. Esto solamente pasa en países tercermundistas y dictatoriales, en una democracia es impensable que ocurran estas cosas, ¿nosotros vivimos en un país democrático?, no, por supuesto que no, en un país democrático los poderes del Estado (ejecutivo , legislativo y judicial) son,   totalmente independientes los unos de los otros.

¡¡Nosotros, los "poderes" del Estado los tenemos "reagrupados" en uno solo, así, se ahorra esfuerzo democrático, que viene muy bien al Gobierno en consonancia con las políticas de austeridad!!.